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El CERMI recuerda que la Convención de la ONU es directamente aplicable por todos los operadores jurídicos
05/11/2015
El CERMI ha recordado que la Convención de naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es directamente aplicable e invocable por los operadores jurídicos. Así lo ha manifestado la delegada del CERMI para la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y para los Derechos Humanos, Leonor Lidón Heras, durante su participación en las Jornadas ‘Las personas con discapacidad ante los procedimientos judiciales. Los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad’.
En el encuentro, organizado por la Fundación de la Abogacía Española y el Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena, Lidón Heras ha incidido en la diferente normativa que, sin perjuicio de su aplicación directa, ha desarrollado la Convención, a la vez que ha mostrado diferente jurisprudencia que al amparo de la misma la invocan o la aplican.
La delegada del CERMI ha recordado también la importancia de la terminología, y ha destacado que es esencial que los diferentes operadores jurídicos hablen de forma objetiva, y así en sus escritos hablen de personas con discapacidad y no usar otros términos para evitar su perpetuación en la documentación jurídica de palabras obsoletas como “minusválidos” o el uso de verbos como “sufrir o padecer””.
Asimismo, ha asegurado que está convencida de que ninguno de los presentes querría discriminar a una persona con discapacidad, pero que para ello es necesario que conozcan la Convención y su lenguaje de Derechos Humanos, ya que así podrán atender a la especificidad de la discapacidad. En este sentido, ha resaltado que “la Convención se asienta en la igualdad material, de la que forman parte la accesibilidad y los ajustes razonables”.
Por otra parte, el encuentro ha servido también para continuar con la recogida de firmas en apoyo de la campaña del CERMI contra el copago confiscatorio en dependencia y autonomía personal, con el fin de presentar una iniciativa legislativa popular (ILP) en el Parlamento para que se establezcan unos criterios de copago que no expulsen a nadie del sistema.